El aeródromo de Casarrubios del Monte vuelve a situarse en el centro del debate sobre la capacidad aeroportuaria de la capital. Los promotores de Air City Madrid Sur han reorientado su propuesta original, reduciendo drásticamente la escala del proyecto para hacerlo viable dentro del marco normativo actual. El nuevo planteamiento contempla una infraestructura con capacidad para un millón de pasajeros al año, muy lejos de los diez millones previstos en el diseño inicial de hace casi una década.
De gran aeropuerto a instalación de uso público
La propuesta, ahora pendiente de evaluación por los ministerios de Transportes y de Defensa, apuesta por un modelo adaptado a la legislación que permite a operadores privados gestionar aeropuertos de uso público. El plan incluye la ampliación de la pista actual, la construcción de una segunda pista de 3.200 metros y una terminal de pasajeros. La inversión estimada asciende a 400 millones de euros.
Según Javier Ruedas, consejero delegado de Air City Madrid Sur, la existencia del aeródromo facilita enormemente el desarrollo frente a levantar una instalación desde cero. La nueva infraestructura se orientaría principalmente a vuelos comerciales punto a punto, aviación ejecutiva y carga aérea, complementando así la oferta de Barajas sin competir directamente con el aeropuerto principal.
El contexto de expansión de Barajas
La iniciativa reaparece mientras el Gobierno prepara la aprobación del DORA III, que contempla una inversión de 4.000 millones de euros para ampliar Barajas. Aena mantiene que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas podrá absorber el crecimiento del tráfico aéreo previsto para los próximos años sin necesidad de infraestructuras adicionales.
Sin embargo, los promotores de Casarrubios discrepan de esta visión y argumentan que el aumento sostenido de pasajeros acabará haciendo imprescindible una segunda instalación en el área metropolitana. El debate sobre la saturación de las principales infraestructuras aeroportuarias españolas no es exclusivo de Madrid: las aerolíneas europeas ya han alertado sobre el colapso en varios aeropuertos del continente debido a los controles biométricos.
Larga tramitación administrativa por delante
Actualmente, Casarrubios del Monte registra alrededor de 65.000 movimientos anuales, vinculados principalmente a escuelas de vuelo y empresas de mantenimiento aeronáutico. Para dar el salto a la actividad comercial, el proyecto deberá superar una extensa tramitación administrativa que incluye la declaración de compatibilidad con el espacio aéreo, la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la aprobación del plan director, las autorizaciones ambientales y las licencias urbanísticas.
El nuevo enfoque refleja un cambio pragmático en la estrategia de los promotores, que han optado por replantear un proyecto de dimensiones más modestas pero potencialmente más viable desde el punto de vista regulatorio y financiero. La decisión final recaerá en las autoridades competentes, que deberán valorar si la propuesta resulta compatible con la estrategia aeroportuaria nacional y con la gestión del espacio aéreo madrileño.
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