El mercado inmobiliario de Ibiza vuelve a poner contra las cuerdas a inquilinos de larga duración. Antonio Morales, de 71 años, y su familia han recibido un primer aviso judicial de desahucio tras 18 años viviendo de alquiler en el número 1 de la calle del Sol, en Santa Eulària. Su caso y el de otras familias del mismo edificio ilustran la tensión creciente entre la presión inversora sobre el parque residencial pitiuso y la capacidad de permanencia de residentes con arraigo en la isla.
De 725 a 1.100 euros: subidas y extensiones pactadas
El edificio fue adquirido en 2021 por la empresa alemana C3-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (C3-Primus), con al menos 25 propiedades en la isla. En julio de 2023, 16 familias inquilinas denunciaron públicamente que la compañía les exigía abandonar sus viviendas al término de sus contratos para llevar a cabo reformas integrales. Las protestas, apoyadas por el Sindicato de Inquilinas, derivaron en un acuerdo: C3-Primus extendió contratos hasta diciembre de 2025, pero a cambio de asumir importantes subidas de alquiler —algunos pasaron de 725 a 1.100 euros mensuales— y con la condición de que, transcurrido el plazo, no habría más concesiones.
Según explican antiguos vecinos, la empresa también habría solicitado que cesaran las apariciones en prensa, algo que C3-Primus niega. Doce de las familias originales han dejado ya el edificio; la mayoría abandonó la isla ante la falta de alternativas habitacionales asequibles, pese a su arraigo.
Antonio, Carmen y una pensión de 604 euros
Antonio llegó de Paraguay hace 24 años. Vive con su mujer, Carmen, y su hija de 38 años, ambas empleadas en el sector de la limpieza. Con una pensión de jubilación de 604 euros y los sueldos de las mujeres, la familia no ha encontrado vivienda que puedan pagar. Decidieron permanecer en su piso del cuarto piso abonando los 1.100 euros mensuales, aunque su extensión caducó el 31 de diciembre de 2025. «Si no encuentras algo que puedas pagar, te tienes que quedar donde estás», justifica Antonio.
La familia denuncia que en septiembre de 2025, aún vigente su contrato, obras en la azotea causaron importantes daños en su vivienda: filtraciones de agua por enchufes, lámparas y marcos de puertas tras la DANA del pasado otoño. Antonio asegura que C3-Primus ignoró sus peticiones de reparación y comunicó que el piso presentaba ahora «daños estructurales». La empresa confirma los desperfectos pero niega que fueran causados por sus obras, señalando que el tejado ya estaba deteriorado antes de la compra. Actualmente, los techos de la cuarta planta se encuentran apuntalados, salvo el de la vivienda de Antonio.
Amelia y la incertidumbre de la prórroga extraordinaria
Amelia González reside en el mismo edificio desde 1998. Su contrato formal terminó el 31 de agosto de 2026. En marzo, se acogió al real decreto que establecía una prórroga extraordinaria para contratos que finalizaran en 2026 y 2027. Aunque aquel decreto fue posteriormente derogado por el Congreso, el nuevo Real Decreto-ley aprobado esta semana —pendiente de luz verde parlamentaria— establece que las solicitudes formuladas durante la vigencia de la norma de marzo se consideran válidas y no requieren nueva comunicación.
Amelia, camarera de comedor de 62 años con 30 años de antigüedad en un hotel de Santa Eulària, sostiene que tiene derecho a continuar en la vivienda. C3-Primus no comparte esa posición y ha anunciado que rebatirá judicialmente la prórroga si el Congreso deroga los últimos decretos de vivienda. «Estoy a punto de jubilarme y por cuatro años que me quedan me voy a ver en la calle», lamenta esta mujer de origen asturiano, que reconoce haber pasado por un periodo de depresión —ahora superado— tras la llegada de C3-Primus y la amenaza de perder su hogar.
De vecindario a rotación empresarial
C3-Primus ha confirmado a medios locales que alquila los pisos reformados del edificio a familias y también directamente a empresas para alojar trabajadores. Las mensualidades oscilan entre 1.800 y 2.686 euros, más IVA en el caso de contratos corporativos; el precio más alto con IVA incluido se sitúa en 3.250 euros. Salvo cuatro pisos aún ocupados por familias con considerable antigüedad, la cartera de inquilinos ha cambiado por completo. Amelia lamenta que el edificio ha pasado de ser una comunidad de vecinos a un lugar de caras desconocidas que van cambiando.
El caso recuerda al de otros desalojos judiciales en Ibiza que han generado polémica en los últimos años. La reciente movilización en toda España tras el desahucio de Mari Carmen Abascal, una anciana de 87 años desahuciada en Madrid por el fondo Urbagestión, ha vuelto a poner el foco en la emergencia habitacional. «Hay cientos de miles de ‘Maricármenes’ y ‘José Antonios’. Es desesperante y la gente tiene miedo», advierte Amelia.
Fuente: Nou Diari · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Novabalear con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.
