GOB y Terraferida, dos de las principales organizaciones ecologistas y de defensa del territorio en Baleares, han pedido al Govern autonómico y al Consell de Mallorca que prohíban el alquiler turístico en todas sus modalidades, incluido el modelo Airbnb. La demanda se enmarca en la creciente preocupación por la saturación turística y la crisis de acceso a la vivienda que afecta al archipiélago.
Las entidades reclaman además que se frene cualquier nueva urbanización en suelo rústico y se declare toda la isla de Mallorca como zona de mercado residencial tensionado, una figura que permite a las administraciones regular precios e intervenir en el mercado inmobiliario.
Prohens y Galmés, únicos con capacidad de decisión
Antonina Siquier, vicepresidenta del GOB, ha señalado directamente a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, como «las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación». Ambos dirigen las instituciones con competencias para regular el uso turístico de viviendas y el planeamiento urbanístico en la isla.
Según las organizaciones, la proliferación del alquiler vacacional ha retirado decenas de miles de inmuebles del mercado residencial convencional, elevando los precios hasta niveles inaccesibles para la población local. El turista que cocina en apartamentos también ha generado efectos secundarios en la economía balear, desplazando parte del gasto tradicional de la hostelería.
De 68.000 a 160.000 plazas en ocho años
Baleares ha experimentado una explosión del alquiler turístico en la última década. Según datos recogidos por el sector, el número de plazas de este tipo habría pasado de unas 68.000 a cerca de 160.000 en solo ocho años, duplicando con creces su peso en la oferta de alojamiento del archipiélago. Buena parte de esa oferta se comercializa a través de plataformas digitales como Airbnb, que se han convertido en protagonistas del debate público sobre turismo y vivienda.
Moratoria de piscinas y reconversión de viviendas
Entre las medidas que proponen GOB y Terraferida figura también la prohibición de nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico y una moratoria inmediata a la construcción de piscinas. Ambas entidades consideran que el modelo urbanístico actual favorece la especulación y agrava la presión sobre el territorio insular, en línea con otras denuncias medioambientales recientes.
El objetivo final, según explican, es que los inmuebles actualmente dedicados al alquiler vacacional pasen al mercado de alquiler convencional a precios más asequibles, aliviando así la tensión habitacional que sufren residentes y trabajadores del sector turístico.
Presión política y social creciente
La reivindicación de estas organizaciones ecologistas se suma a un debate político y social cada vez más intenso en las Islas Baleares sobre los límites del modelo turístico. Diversas voces, desde sindicatos hasta plataformas vecinales, han reclamado medidas similares en los últimos meses, coincidiendo con récords de visitantes y con una temporada alta marcada por la escasez de vivienda asequible.
Hasta el momento, ni el Govern balear ni el Consell de Mallorca han respondido públicamente a esta petición concreta. La regulación del alquiler turístico ha sido objeto de modificaciones sucesivas en los últimos años, pero las entidades ecologistas consideran que las medidas adoptadas hasta ahora han resultado insuficientes para revertir la situación.
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