El Gobierno central ha vetado en el Congreso la tramitación de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria que había sido aprobada previamente por el Parlamento de Baleares. La norma pretendía otorgar a las Islas mayor capacidad de decisión sobre la gestión de sus aeropuertos, incluyendo aspectos como el volumen de vuelos, las inversiones y las tarifas aeroportuarias.
La negativa del Ejecutivo se fundamenta en el impacto económico directo que las medidas propuestas tendrían sobre los ingresos de Aena y, por extensión, sobre las arcas del Estado. Moncloa considera que la propuesta balear podría romper el equilibrio del modelo actual de gestión aeroportuaria en España.
Pérdidas millonarias estimadas por el Gobierno
Según los cálculos del Gobierno, la aplicación de una tarifa media de 10,35 euros por pasajero en 2026 —frente a los 11,02 euros actualmente aprobados— supondría una merma de 32,85 millones de euros en los ingresos aeronáuticos de Aena. A esto se suma el efecto de limitar el crecimiento del tráfico aéreo en los cuatro aeropuertos baleares.
Si el número de pasajeros se mantuviera en los 47,2 millones registrados en 2025, en lugar de alcanzar los 49 millones previstos para 2026, la pérdida adicional se cifraría en otros 20,55 millones de euros. Para el periodo 2027-2031, el Ejecutivo proyecta un impacto acumulado de 359,99 millones de euros si se congelan las tarifas y de 231,01 millones si se impide el crecimiento del tráfico.
Competencias sobre inversiones y conectividad
Otro de los puntos críticos que el Gobierno ha cuestionado es la capacidad que la propuesta otorgaría a Baleares sobre las inversiones aeroportuarias. El Ejecutivo considera que introducir decisiones vinculantes de ámbito autonómico podría alterar la planificación de Aena y afectar al sistema de tarifas que se aplica al conjunto de la red.
Moncloa advierte además que una limitación del crecimiento o de las inversiones podría terminar reduciendo las opciones de conectividad de las islas, precisamente en un contexto donde los aeropuertos baleares están en el punto de mira por diversos motivos operativos y medioambientales.
Defensa del modelo de Aena
El veto incluye una defensa explícita del modelo actual de gestión de Aena, pese a las críticas recurrentes de las aerolíneas. El Gobierno sostiene que esta estructura permite mantener las sinergias entre instalaciones con diferentes niveles de tráfico y rentabilidad. A su juicio, establecer un sistema específico para Baleares podría comprometer la sostenibilidad financiera del conjunto de la red aeroportuaria española.
Argumentos jurídicos del veto
Más allá de los argumentos económicos, el Ejecutivo fundamenta su rechazo en motivos jurídicos. Considera que atribuir al Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares informes vinculantes sobre determinadas decisiones supondría limitar competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado en materia de aeropuertos de interés general.
La decisión supone un freno definitivo a las aspiraciones del Parlamento balear de ganar peso en la gestión de infraestructuras aeroportuarias clave para la economía insular, fuertemente dependiente del sector turístico. La propuesta original contemplaba que un comité con mayoría no estatal pudiera intervenir en cuestiones operativas y tarifarias, un esquema que el Gobierno central considera incompatible con el marco competencial vigente y con la viabilidad económica del sistema aeroportuario nacional.
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